Más de una persona que se encuentra leyendo este artículo compra, compró o tiene la intención de comprar productos a través de tiendas online como Amazon, Ebay, Alibaba, entre otras, ya que satisfacen sus gustos, preferencias o beneficios económicos.

Lastimosamente, el Estado, el Gobierno del “Paraguay de la Gente” y los empresarios locales ven, a quiénes realizan dichas actividades, como traidores de la patria. Traidores, porque prefieren adquirir beneficios que otorgan el realizar la compra de un producto a un precio menor del cual se vende, si es que se vende, en nuestro país y abonar un pequeño pago por kilo al courier de preferencia y de esa manera no optar por los productos ofrecidos por la tan aclamada industria nacional.

Sin embargo, en un comunicado reciente Aduanas ha recordado que aquellos productos que no superen los U$D 100 deben pagar un impuesto al IVA casual del 13% y aquellos que superen dicho monto deben abonar del 15% al 35% acorde a la legislación vigente. A modo de justificación, la Dirección de Aduanas alega que se encuentra en un “proceso de formalización de las compras vía internet” a pesar de que en el año 2015 ya habían emitido la Resolución N 515 que determinaba lo señalado.

Asimismo, el Estado, a través de la Dirección de Aduanas, exige a las empresas de couriers la remisión a esta dependencia los datos del ciudadano, de las mercaderías importadas y del comprobante de pago, logrando de esa manera una intromisión total en las actividades comerciales de los individuos, ejerciendo el papel del “Gran Hermano”.

Al Estado le preocupa el supuesto “contrabando” que se realiza a través de estas compras, ahora bien si lo hacen grandes y conocidos “empresaurios” o políticos de este país, hacen como decimos la vista gorda.

Por otra parte, Jorge Mendelzon quien funge como presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, recientemente expresó que “como gremio celebraron la decisión tomada por el Gobierno de controlar las compras por internet”. Por supuesto que lo van a estar, éste al igual que muchos otros denominados “empresarios” detestan la competencia, la libertad económica y actúan en connivencia con los representantes de turno para obtener mercados cautivos, monopolios y beneficios para él y su gremio.

Así también lo han señalado los confeccionistas nacionales quienes exigen el pago de tributos a quienes compran por internet. En tal sentido, Luis Llamosas había señalado en una entrevista a la 650 AM que “Las fábricas paraguayas producen productos que son muy valorados y muy queridos, con muy buen precio y calidad para vender afuera de nuestro país, pero en nuestro mercado local es difícil la venta”.

Lo que ninguno de los anteriormente mencionados entienden es que tal como lo señalaba Adam Smith “En todos los países, el interés de la inmensa mayoría de la población es y debe ser siempre comprar lo que necesita a quien vende más barato”.

De esta manera, volvemos al claro ejemplo esbozado por Frédéric Bastiat en 1845, como parte de su obra Sofismas Económicos, sobre la petición de los fabricantes de velas en clara alusión a las políticas proteccionistas solicitadas por los productores nacionales.

En caso de que los mismos, deseen obtener mayores ventas en el mercado local deberían lograr satisfacer los gustos, preferencias y/o beneficios económicos del consumidor final y no solicitar el gravamen de impuestos a fin de obtener que el individuo se vea obligado a la adquisición un producto que no desea, dadas sus preferencias subjetivas, perjudicándole a este en satisfacción de otros.

Es de esta manera, que seguimos cayendo en las mismas prácticas arcaicas y quienes toman las decisiones de carácter económico no visualizan cuales podrían ser las repercusiones a largo plazo que estas medidas tomadas producirán como así tampoco los efectos que tendrán sobre los individuos en sí.

Es momento de decir basta a la coacción a través de la fuerza del aparato estatal, basta de coerción, basta de mantener en pie a los ineficientes que buscan obtener beneficios a través de la expoliación organizada por la ley en detrimento, directo, de los consumidores.

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